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Derogado el Real Decreto Ley 21/2018 de 14 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Alegando argumentos legales y políticos, al parecer insuficientes para la mayoría de la Cámara, con fecha 22 de enero de 2019 el Congreso de los Diputados ha derogado el Real Decreto-Ley 21/2018,de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que había remitido el Gobierno.

Hay que reconocer que desde un punto de vista material y jurídico la norma adolecía de falta de concreción y generaba confusión en algunos puntos, como en el caso de los apartamentos turísticos (art. 5 e) LAU), el obligado acuerdo de las Comunidades de Propietarios para su prohibición (art. 17.12 LPH), la distinción entre arrendador persona física o jurídica (art. 9 LAU), la falta de seguridad para el arrendatario cuando se produzca una ejecución o compraventa (arts. 13 y 14 LAU), la limitación de la fianza (art. 36 LAU), el cambio absolutamente fuera de lugar de la LEC (arts. 441.1 ter, 549.4 y 686.1) en cuanto a los desahucios por falta de pago, expiración del término y ejecución hipotecaria, donde se hace intervenir “sin plazo” a los servicios sociales de la Administración, así como permitir un recargo del IBI a las viviendas vacías (art. 72.4 LHL) sin indicar plazo y destino de las mismas. Todo ello hace que realmente debamos alegrarnos de que este Real Decreto-Ley haya sido rechazado.

De cara a los ciudadanos, que es lo que finalmente interesa, es necesaria una fluidez que genere seguridad en lo que respecta a los arrendamientos.

No hay que olvidar el art. 47 de la CE, que garantiza que todo español tiene derecho a una vivienda digna, pero sin descuidar tampoco el art. 33 que también reconoce el derecho a la propiedad privada.

Seguimos pues esperando una nueva LAU que finalmente evite tantos conflictos según la fecha de los contratos de arrendamientos, pero hoy en día vemos complicado una solución debido a la diferentes opiniones políticas existentes.

Para terminar, señalar que los contratos firmados desde el 19 de diciembre de 2018 hasta el 22 de enero de 2019 deberán acogerse a lo que dispone ese Real Decreto-Ley 21/2018. 

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Silvana López Merino
Abogada