Derecho al olvido VS libertad de expresión

Después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que amparó el «derecho al olvido» en Internet, como consecuencia de una confrontación jurídica entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Google, se abrió una vía para poder garantizar nuestra privacidad.

El derecho al olvido es un derecho relacionado con el Habeas Data y la protección de datos personales. Se puede definir como el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. Este derecho entra en conflicto con otro, como es el de la libertad de expresión.

La AEPD señala que el «derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa». Añade que este derecho limita la difusión de información de datos personas, incluso cuando la publicación original sea legítima. «La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas».

El Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia sobre el llamado «Derecho al olvido», en la que establece que las informaciones perjudiciales que afecten a personas sin relevancia pública no deberán estar accesibles en los buscadores de internet cuando el paso del tiempo haya hecho perder relevancia a la noticia.

La decisión del Pleno de la Sala Civil establece que en esos supuestos los propios medios de comunicación deberán encargarse de impedir que la noticia pueda ser archivada en los buscadores de internet.

La resolución está directamente vinculada con la dictada el año pasado por el Tribunal de Justicia de la UE en el llamado «caso Google». El Tribunal de Luxemburgo respaldó la retirada de datos por parte del buscador, mientras que ahora el Supremo establece que también el propio medio deberá hacerlo.

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