Sanciones por el Estado de Alarma, ¿puedo recurrirlas?

Son ya más de dos meses de Estado de Alarma a causa de la pandemia que nos ha traído el dolor de perder seres queridos, el sufrimiento por saber si nos tocará de cerca la infección, el parón en nuestro quehacer diario a causa del confinamiento, y de las medidas coercitivas para su cumplimiento, como la  aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para garantizarlo con unas multas que van desde los 601 euros hasta los 10.400 euros, todo ello en función de las presuntas infracciones cometidas junto con una serie de criterios de graduación de las propuestas de sanción que dictó el Ministro del Interior y que fueron comunicadas a las Delegaciones de Gobierno para la tramitación de los expedientes sancionadores.

A fecha de hoy, y aún vigente el Estado de Alarma con las distintas situaciones de fases de desescalada en los distintos territorios, se han realizado 80.000 propuestas de sanción por parte del Ministerio del Interior y que se pueden incrementar a la vista de la actitud por parte de personas e incluso negocios que incumplen las previsiones que para la Fase 1 se aplican en nuestra Región.

A la vista de esto, cabe preguntarse, ¿son todas esas denuncias o propuestas de sanción justas?

Pues parece que podría ser discutible el ajuste a la legalidad de las mismas, toda vez que en la gran mayoría de los casos las sanciones han sido de carácter automático, es decir, que directamente y sin tener en consideración lo que se puede entender, jurídicamente hablando, como “desobediencia”, se ha instaurado un sistema punitivo que, para que nos entendamos, viene a sancionarnos por el mero hecho de estar en la calle cuando no se puede, faltando el requisito necesario de que la autoridad o sus agentes nos ordenen que debemos volver a casa, y solo si no volvemos nos pueden sancionar, pero no por el mero hecho de estar en la vía pública. Según esta concepción sancionadora el mero hecho de incumplir cualquier norma jurídica, ya “per se”, sería un posible supuesto de desobediencia, situación muy alejada de lo que deber ser un Estado de Derecho donde prima el Principio de Legalidad y el Derecho a la Presunción de Inocencia.

La duración del procedimiento sancionador puede ser hasta de un año

Por ello, es necesario que sepamos que si nos ha pasado esto tenemos derecho a defendernos; primero a través de las alegaciones, o recurso en la vía administrativa, y segundo; si no tuviéramos éxito en nuestra defensa ante las Delegaciones de Gobierno, cosa muy probable dado el talante de las administraciones públicas con respecto a no aceptar prácticamente dar la razón a la ciudadanía en este tipo de procesos, y el carácter de ingreso de derecho público del que gozan las multas y su posibilidad de cobrarlas a través de procedimiento de apremio, con el recargo del veinte por ciento, y el embargo de cuentas u otros bienes, habría que acudir a un Juzgado de Lo Contencioso Administrativo para hacer valer nuestros derechos, básicamente el de Presunción de Inocencia, así como de solicitar la suspensión del pago de la multa mientras dura el proceso judicial.

Para estas cuestiones, que evidentemente habrán de ser estudiadas caso por caso para determinar la viabilidad de la defensa a efectuar, ponemos a su disposición nuestros abogados expertos en Derecho Administrativo, que pueden hacer factible defender nuestros derechos frente a la maquinaria administrativa sancionadora, todo ello una vez que se proceda al alzamiento del Estado de Alarma que es cuando comenzarán a llegar las propuestas sancionadoras al dejarse sin efecto la suspensión de los trámites administrativos que se determinó en el Decreto, hoy Ley, que activaba el Estado de Alarma conforme a las previsiones constitucionales y su propia ley reguladora.

Nuestros abogados especialistas en Derecho Administrativo ofrecen un presupuesto ajustado a nuestras necesidades, nos indican que la duración del procedimiento sancionador puede ser hasta de un año y que en caso de tener dudas sobre la sanción que nos imponen por el mero hecho de estar en la calle, ni pagar voluntariamente la multa ni reconocer ningún tipo de responsabilidad puesto que es posible que no hayamos infringido la ley y proceder a la defensa de nuestros derechos y también de nuestro patrimonio que a causa de esta situación puede andar muy resentido por la bajada o insuficiencia de recursos económicos que quizá necesitamos para cuestiones vitales propias y familiares.

Fernando Losana Abogado Derecho Administrativo

 

 

 

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